Minerí­a y Universidad. Aporte al Debate

El profesor Leonardo Vaccarezza de la Universidad Nacional de Quilmes realiza en esta “Carta sobre La Alumbrera” un interesante aporte sobre el debate en torno a los recursos financieros provenientes de la actividad minera y el rol de la universidad.

Carta sobre La Alumbrera

En la Asamblea Universitaria del pasado 28 de Noviembre el se°or Vicerrector anunció, a raí­z de la inquietud planteada por un asambleí­sta, la posibilidad de poner en consideración en el ámbito del Consejo Superior la decisión de aceptar o no los fondos provenientes de la explotación de la cantera Bajo la Alumbrera, de la Provincia de Catamarca, la cual, por el régimen de propiedad existente, genera beneficios coparticipables en el sistema universitario nacional. Como es de público conocimiento en diversas unidades académicas del paí­s se han producido discusiones en sus instancias institucionales, llegando en algunos casos al rechazo de los fondos en base a consideraciones éticas.

La realización un trabajo de campo en la localidad de Andalgalá, sede del emprendimiento minero, me permitió una visión del problema y del conflicto social generado en relación con dicha explotación.

En razón de ello, y con la esperanza de contribuir en alguna medida con el aporte de elementos a la decisión, me permito transmitir a la comunidad universitaria algunas impresiones sobre el caso.

A continuación indico algunos de los ejes de conflicto generados a lo largo de los más de 10 a°os de una explotación enmarcada en la tecnologí­a minera denominada de cielo abierto, destacando que la controversia refiere a la afirmación o negación de los siguientes da°os:

a)contaminación ambiental, especialmente de los cursos de agua superficial y subterránea debido a posibles filtraciones de sulfuros y metales pesados a partir de los depósitos de material extraí­do (dique de colas)

b)contaminación ambiental por causa de siniestros vinculados al transporte del material extraí­do, como los ocurridos en el mineraloducto de más de 300 km.

c)Efectos sobre la salud humana: cáncer, leucemia, enfermedades respiratorias.

d)Deterioro de la producción agropecuaria: muerte de animales y reducción de los rendimientos agrí­colas.

e)Compromiso en el uso del agua que limitarí­a su utilización agropecuaria, tanto por cantidad como por calidad.

f)Contaminación del aire debido al intenso uso de explosivos para la apertura de canteras (open-pie) y el intenso tránsito de utilitarios y maquinarias en los ambientes poblados.

g)Escaso impacto socio-económico positivo en el nivel local en relación con las grandes magnitudes de la producción y las utilidades de la unión de empresas concesionadas.

h)Desorganización social, generación de división y conflictos en la comunidad local, introducción de prácticas de corrupción y cooptación, censura en los medios y represión.

Dados los objetivos que me llevaron a tomar contacto con la zona, mi indagación soslayó todo intento de comprobación empí­rica de tales hechos, concentrándome en la producción de significados por parte de agentes sociales que sostienen posiciones diferentes frente a esa explotación minera.

En la actualidad, la comunidad de Andalgalá se encuentra escindida en relación a la aceptación de la actividad minera. A diferencia de los primeros a°os de explotación en los que la empresa incorporó pocos lugare°os a la actividad, en los últimos a°os se ha practicado una estrategia de absorción (caracterizada por algunos crí­ticos como cooptación) de mano de obra local, lo cual ha generado una disminución de los actos de oposición al emprendimiento, ya que muchos pobladores se vieron beneficiados con el incremento del ingreso familiar a raí­z de contar con algún miembro del grupo doméstico trabajando ya sea en la empresa minera Alumbrera, en el nuevo consorcio de Agua Rica próximo a iniciar la explotación o en empresas contratistas para ambos emprendimientos. Aún cuando el temor a los efectos negativos se°alados no ha menguado, se observa un claro sentimiento de “ambivalencia” en la población, tí­pico de la confluencia contradictoria entre beneficios directos y riesgos o da°os indirectos.

El conflicto en torno a los beneficios y perjuicios de la Alumbrera se manifiesta, aún, como una controversia en la que se enfatizan los rasgos ideológicos y de intereses particulares: por una parte, se adjudica a la empresa, pero también a los gobiernos provincial y municipal, una orientación a favor de los intereses multinacionales en perjuicio del desarrollo local; por la otra, el público que se manifiesta en contra de la actividad minera es caracterizado como “fundamentalista”, contrarios a la modernización de la localidad y de la estructura productiva.

Contribuye a este proceso la falta de información sistemática y evaluable de manera independiente sobre los distintos aspectos bajo discusión. Los informes sobre monitoreo de la contaminación hí­drica realizados por la misma empresa no son difundidos a la población interesada, amén de que se percibe que sus conclusiones estarí­an te°idas por los intereses de aquélla. Informes encargados por gobiernos a organismos nacionales independientes (algunos universitarios) son retaceados a la opinión pública. Las estadí­sticas hospitalarias sobre enfermedades también son desconocidas por el público y toda información proviene de trascendidos o contactos informales. A lo largo de los a°os no ha sido posible mantener discusiones abiertas entre expertos y vecinos en torno a los riesgos, perjuicios y beneficios de la actividad, y tanto agentes pro-mineros como opositores a la mina se acusan mutuamente de eludir el diálogo. Ciertamente el municipio no ha sabido canalizar las inquietudes del público facilitando la democratización de la información y la construcción del diálogo; por el contrario, parece haber optado por una posición claramente pro-minera rechazando toda afirmación que ponga en cuestión la conveniencia de la actividad. Todo ello alimenta la desconfianza del público hacia las instituciones locales como el municipio y el hospital, y refuerza el sentimiento de ambivalencia antes mencionado. Ello se inscribe en un proceso de modificación de la identidad social de la comunidad: la pérdida de los “valores” agrí­colas, la irrupción de elementos de modernidad tecnológica inmanejables a escala local, la transformación paisají­stica (eliminación de cumbres de cerros, cambios de cauces hí­dricos por efecto de la actividad minera), reconversiones ocupacionales violentas, divisiones y conflicto social permanente en el seno de los grupos familiares y comunitarios (entre los pro y contra la mina), todo lo cual incrementa el estado de “sufrimiento colectivo” que no ha sido asumido como problema por la autoridad pública.

Todo ello no es necesariamente atribuible a la opción de producción minera en las condiciones que actualmente se lleva a cabo. Sin embargo, es obvio que la presencia de ésta es una condición favorable a la emergencia de la situación descripta. La minerí­a -pero en particular un tipo de explotación masivo y potencialmente contaminante del ambiente fí­sico y social como el que se ha impuesto internacionalmente en los últimos veinte a°os- deberí­a ser puesta en proceso de evaluación sistemática, enmarcada en conceptos múltiples, sopesando beneficios colectivos e individuales, globales y locales, con perjuicios de distinta naturaleza y riesgos. Aún sin pretender la aplicación del principio precautorio como medida de orientación en las decisiones productivas, la conmoción que provoca en los niveles locales la instalación de emprendimientos del tipo parece reclamar una reflexión y análisis serio y completo de sus consecuencias con vistas a evaluar su legitimidad. Por cierto, ello no es potestad exclusiva de los pobladores de Andalgalá, sino que deberí­a ser un tema, a mi criterio, que convoque de manera responsable a diferentes actores y sectores sociales del paí­s, habida cuenta de que existe una amplia expansión de la actividad y una polí­tica nacional y polí­ticas provinciales contestes.

En este plano, entiendo que el papel de la universidad pública es central, no solamente como fuente de “experticia” en diferentes esferas del conocimiento cientí­fico y tecnológico, sino como institución moral en términos de transparencia y difusión del conocimiento. En el caso de la Alumbrera, se puede observar que la dimensión moral del conocimiento está ausente. El retaceo de información sobre indicadores directos, la falta de reflexión y análisis de modelos de procesos (que generalmente se confeccionan con componentes técnicos demasiado acotados y sin considerar la relación de lo tecnológico con lo social y humano), la irresolución del conflicto entre información contradictoria o por lo menos diferentes de distintas fuentes, la ausencia total de atención por parte de los expertos sobre el conocimiento local o propio de los legos, nacido de la experiencia cotidiana (“expertos por experiencia”), todo ello constituye un estado de la cuestión que, indudablemente, no aporta tanto a la resolución de los problemas puntuales de los ámbitos donde se instalan los grandes emprendimientos mineros, como a la reflexión y clarificación de la legitimidad, conveniencia u oportunidad de la polí­tica minera en Argentina. La universidad pública, en ello, tiene una función clara y necesaria. Constituir programas interuniversitarios, con pluralidad de disciplinas, incorporando el saber local cuando corresponda, revisando no solamente la calidad disciplinaria de la información, los informes de evaluación y sustentabilidad ambiental de las distintas obras e inversiones, sino también la pertinencia social de las misma desde una perspectiva multidisciplinaria puede ser un camino que no solamente aporte a la solución de tales cuestiones sino también que enriquezca a la universidad como institución del saber y como eje moral de la sociedad actual. Entiendo que este esfuerzo de reflexión y acción de la universidad pública es condicionante de la discusión sobre la aceptación o rechazo de los fondos provenientes de la explotación minera en Bajo la Alumbrera.

Leonardo Silvio Vaccarezza

Bernal, 11 de diciembre de 2009

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